Esta tarde, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó en lo general la propuesta de modificación del nuevo formato de declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, conocida como la declaración 3de3.
En la tercera sesión del SNA, al que acudieron José Octavio López Presa, presidente del Comité coordinador del SNA; David Rogelio Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación; Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública; Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal; así como María de la Luz Mijangos Borja, titular de la fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Como lo había adelantado EL UNIVERSAL, la propuesta plantea que los servidores públicos de primer nivel y ahora también sus parejas y dependientes económicos tendrán que declarar de manera detallada cuáles son sus empresas e inversiones, qué instituciones les dan o han dado dinero o de quiénes han recibido beneficios, y sobre la adquisición o disfrute de bienes inmuebles propiedad de terceros prestados o en comodato.
Con lo aprobado en la nueva plataforma tendrá que estar lista antes de que termine este año para realizar las adecuaciones necesarias a la plataforma DeclaraNet, y se tendrá que replicar en los estados.
En la discusión, se aprobó que los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación deberán observar las disposiciones relativas al régimen de impedimentos, cuyos supuestos no están previstos en este formato.
Se acordó reservar la aprobación de algunos puntos: que aparezca en la declaración el saldo de las cuentas bancarias; que se especifiquen y se hagan públicas los nombres de los hijos menores de edad de los funcionarios que tengan propiedades a su nombre. Que se especifique el sector o industria al que pertenecen todos los terceros, no eliminar de las versiones públicas los datos de terceros, ni los 365 campos de datos que deben ser públicos.
También se acordó volver a discutir en una sesión extraordinaria del comité si los funcionarios públicos deben o no hacer pública su pertenencia a sindicatos, partidos políticos así como organizaciones de la sociedad civil y con qué grado de decisión se cuenta, si es militante, participante activo o si tienen algún poder de decisión.
Para ello, se celebraría una nueva sesión de la mesa técnica para discutir estos temas pendientes, así como una sesión extraordinaria del comité coordinador para volver a discutir y, en su caso, aprobar las reservas.
La interpretación de los formatos, su aplicación y seguimiento quedaría a cargo de la Secretaría de la Función Pública, excepto en el caso de los organismos constitucionalmente autónomos así como de los Poderes Judicial y Legislativo.
Además, con el nuevo formato los funcionarios deberán indicar quiénes son sus clientes principales y a qué personas o empresas han representado legalmente, además quienes tengan un nivel jerárquico inferior sólo tendrán que declarar seis rubros, entre ellos ingresos netos y si se desempeñaron como servidores públicos el año anterior.