El Senado de la República avaló este martes la Ley de Austeridad, la cual prevé una partida secreta que será usada a discreción del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se obtendrá de los ahorros del plan que impulsa el Ejecutivo federal.
“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”, refiere el artículo 61 de dicha ley.
Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe a funcionarios públicos la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, o de separación individualizada o colectiva.
Además, busca evitar el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.
Asimismo, quedan eliminadas las pensiones de retiro a expresidentes distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
También se limita el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio del mismo.
La Partida Secreta
La partida secreta del Presidente de la República fue creada desde 1917. Es una especie de caja negra financiada con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Puede ser ejercida además por otra dependencia como con Defensa, Marina, Gobernación, así como por el Instituto Nacional de Migración, entre otras.
Se sustentó en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el presidente tuviera la posibilidad de contar con recursos a discreción y sin control alguno para incrementar el gasto o crear nuevas erogaciones no previstas.
El pasado abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen mediante el cual desaparecen las denominadas “partidas secretas” del PEF.
Pero, si bien se modifica el artículo 74 de la Constitución, con lo que se impide que el presidente pueda solicitar dinero sin que rinda cuentas de su destino, prevalecen espacios presupuestales para mantener la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos se mantienen diversas partidas que pueden ser fácilmente manipuladas, entre las que destacan el famoso Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, el 24 de Deuda Pública, el 25 de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, que no se toca con las modificaciones a la reforma educativa.
También están los ramos 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el 19 para Aportaciones a Seguridad Social, o el 28 de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, el 30 para las Adefas (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores y el 34 de Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores.
De acuerdo con información obtenida a partir del dictamen aprobado por la cámara de diputados, cabe destacar que partir del sexenio de Miguel Alemán, existió todo un ramo de ‘erogaciones adicionales’, el cual alcanzó hacia 1952 el 6.5 por ciento del gasto total; en 1958, con Adolfo Ruiz Cortines ese porcentaje se ubicó en el 12.5; y con Luis Echeverría subió hasta el 24.36 por ciento del total del gasto”.
Con José López Portillo, en 1982, “en plena crisis, dentro de las ‘erogaciones extraordinarias’, los ‘gastos contingentes’ eran ejercidos directamente por el Presidente de la República. La partida secreta llegó ese año a 56 millones de dólares.
En los años 1995 y 1996 la partida secreta fue autorizada en el mismo nivel que en 1994, es decir 650 millones de pesos.