Si traidor es ser psicópata, ególatra, incapaz, soberbio, intolerante, necio, inculto, entre muchos otros calificativos, entonces, en definitiva López Obrador debería ser juzgado por ello, porque muy a mi pesar y el de otros más, hoy por hoy, lo único que podemos decir es que la yegua le quedó muy grande y creyó que con sus discursitos populistas podría manejar los destinos de este enorme país.
Obviamente, si traicionó a los millones de mexicanos que le permitieron ser engañara. Ojalá fuera suficiente para aplicarle todo el peso de la ley por desperdiciar 300 mil millones de pesos en el NAICM; otros 280 mil millones en la obsoleta refinería de Dos Bocas; el ecocidio que cometerá con la construcción del Tren Maya; los recortes de presupuesto a sectores tan importantes y contemplados en nuestra Carta Magna como son la salud y la educación; los daños ocasionados a la niñez y bueno, la lista es interminable.
La realidad, es que no existe un marco sólido para determinar qué actos podrían abrir un juicio en contra de un presidente, y ahora que hay voces que demandan que López Obrador sea juzgado por ello, mucho menos los habrá.
Con la gran reforma al artículo 180 de la Constitución mexicana, se podrá juzgar a un presidente por delitos como traición a la patria, corrupción, delitos electorales, trata de personas, delincuencia organizada o cualquier delito con arma o uso excesivo de violencia. Pero la pendejez no está tipificada.
El proceso para iniciar una investigación y juzgar al presidente de México tendrá que hacerse presentando la acusación ante la Cámara de Senadores, en donde se tiene que presentar también una solicitud similar por parte de la Cámara de Diputados.
Una vez que todo esto se cumpla, se podrá proceder legalmente en contra del presidente mexicano en caso de que dos terceras partes de los senadores voten a favor. Difícil llevar a prisión a un titular del ejecutivo.
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