Roberto Santos // En política, pocas cosas son casualidad.
Y los incendios forestales que en las últimas semanas han azotado al municipio de Iguala de la Independencia parecen estar lejos de ser simples accidentes naturales.
Las evidencias apuntan a que se trata de fuegos provocados, actos deliberados cuya coincidencia con el fortalecimiento de la administración encabezada por el alcalde Erik Catalán Rendón no puede pasarse por alto.
No se trata de una teoría al aire. ¡Claro que no!
Las autoridades han confirmado que al menos uno de los recientes incendios —como el registrado en las inmediaciones del Cerro Grande— fue provocado después de que ya había sido controlado.
Un acto temerario, irresponsable, y sobre todo, criminal.
Las llamas no sólo amenazan la vegetación y la fauna; también buscan socavar proyectos de gobierno, desestabilizar liderazgos y generar una percepción de caos.
Desde luego, hay intereses detrás. No es la primera vez que en Guerrero se usa el fuego como herramienta política.
A través del miedo, la confusión y el desgaste, se pretende minar el trabajo de una administración que ha demostrado capacidad de respuesta ante la emergencia.
Lejos de paralizarse, el gobierno municipal que encabeza Erik Catalán Rendón ha reaccionado con firmeza: redoblando operativos, coordinando esfuerzos con los tres niveles de gobierno y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.
Y anuncia tolerancia cero para quienes provoquen incendios, como el registrado este día en una parcela aledaña a Cerro Grande, después de tantos días de trabajo para poder apagar las llamas que devastaron varias hectáreas de arboledas.
En el texto menciona que ya se investiga a quién provocó el fuego este día y que será castigado.
A través de un comunicado oficial el alcalde señala que realizar quemas, espacialmente en zonas cercanas a áreas habitadas, constituye un delito federal, tal como lo establece la normatividad ambiental vigente.
También manda el mensaje de que este tipo de conductas será sancionado con todo el peso de la ley.
Las autoridades ejidales, por su parte, también han anunciado acciones legales contra quien resulte responsable.
Pero la gran pregunta permanece: ¿quién está detrás de estos ataques? ¿Qué buscan realmente los autores intelectuales de esta estrategia incendiaria? La respuesta todavía no llega, pero la ciudadanía merece saberla.
Los incendios forestales en Iguala ya no pueden verse sólo como una emergencia ambiental.
Son una señal de alarma que obliga a mirar más allá del humo.
Si hay una intención política detrás —y todo indica que la hay—, se debe actuar con contundencia.
Porque en este caso, el fuego no sólo quema árboles: también busca incendiar la estabilidad de un municipio que ha demostrado, hasta ahora, estar por encima de estas perversas intenciones.