Baltazar Jiménez Rosales // En el asunto de la solicitud de desafuero presentada en contra de un presidente municipal por la Fiscalía General del Estado (FGE), la 64 Legislatura debe de actuar “con toda congruencia y responsabilidad”.
En esos términos se pronunciaron ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, y el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, integrante de la Comisión Instructora, que será la que analice el caso y emita el dictamen correspondiente. Eso sí, ambos legisladores remarcaron que todo este proceso se tendrá que llevar a cabo en total secrecía, es decir, el nombre del alcalde a quien la FGE solicitó desaforar se conocerá únicamente hasta que sea analizado y discutido por el pleno de la 64 Legislatura.
Hace unas semanas, la FGE presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de desafuero contra un presidente municipal y aunque de inmediato comenzó a circular el nombre del alcalde de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón quien encabezó una agresiva movilización en Chilpancingo con más de 2 mil personas de 11 municipios de la región de la montaña supuestamente para pedir obras al gobierno para la zona, fue el propio presidente de la Jucopo quien atajó en su momento que el nombre del presidente municipal no se hará público hasta que la Comisión Instructora dictamine la solicitud de la Fiscalía General del estado.
Entrevistado ayer acerca de este asunto, Urióstegui García afirmó que tanto la Jucopo como la propia Comisión Instructora ya comenzaron a transitar en el proceso legislativo correspondiente, “y vamos a esperar”.
Algo que quiso puntualizar es que a pesar de que en este asunto el Congreso local no tiene un plazo perentorio establecido “tenemos que sacar el asunto lo más pronto posible, sin embargo estamos dialogando, estamos estudiando el tema y con mucho gusto vamos a dar a conocer el resultado”.
—Hay que acelerar el asunto, porque está también el asunto de la alcaldesa de Acapulco, contra quien de nueva cuenta fue presentada una solicitud de revocación de mandato, se le cuestionó.
—Sí, los compañeros de la Comisión están puestos y dispuestos para seguir trabajando y con toda la responsabilidad; lo importante es actuar con congruencia y responsabilidad en este proceso, —apuntó.
Sobre este mismo asunto, el diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e integrante de la Comisión Instructora, Carlos Eduardo Bello Solano, insistió en que el nombre del alcalde denunciado será guardado en secreto, aunque no hay una fecha tentativa para conocer el dictamen: “por el tema de la secrecía, se van a abrir los paquetes y el archivo hasta que ya estemos reunidos los integrantes de la comisión”.
—¿No se sabe todavía de quién se trata, de quién es el alcalde?, se le cuestionó.
—No, ya lo declaró el presidente de la Jucopo que se va a tener por el tema de secrecía el tema procesal, voy a esperar cuando nos convoque el presidente de la Comisión Instructora y una vez que ya estemos reunidos nos van a entregar los expedientes.
Reiteró que el nombre del presidente municipal involucrado en este caso se guardará en secreto durante todos los trabajos que lleve a cabo la Comisión Instructora y sólo se conocerá cuando el dictamen sea turnado al pleno de la 64 Legislatura. Eso sí, aclaró que en el transcurso del procedimiento legislativo se le dará parte tanto al alcalde para que asuma su defensa como a la Fiscalía General del Estado, porque “así lo marca el procedimiento”.