Baltazar Jiménez Rosales // Después de que la semana pasada el Congreso del Estado inició el proceso correspondiente a una solicitud de desafuero en contra de un presidente municipal, cuyo nombre se guarda con total hermetismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, expresó que toda vez que en el Poder Legislativo trabajan “con el fin de abonarle a la gobernabilidad” a la entidad, este caso será sujeto del procedimiento correspondiente.
Al respecto, el presidente del Comité Directivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jacinto González Varona, en días pasados reprochó que en el Congreso del Estado se haya hecho público el proceso de desafuero iniciado en contra de un alcalde, pues consideró que esto “alerta” a la persona señalada y crea ingobernabilidad. Consideró además que este tipo de casos deben de guardarse “como secreto de estado”.
Cuestionado la mañana de ayer sobre las declaraciones del dirigente de su partido, Jacinto González Varona, el también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local se dijo respetuoso de la opinión de su líder estatal, pero aclaró que no la comparte: “respeto su opinión, no la comparto”.
Urióstegui García remarcó: “respeto su opinión, como presidente del partido (Jacinto González) está haciendo sus actividades, nosotros aquí estamos trabajando, estamos poniendo nuestro sello, trabajando todas y todos juntos en unidad”, afirmó.
Insistió que al interior del Poder Legislativo están trabajando, “con el fin de abonarle a la gobernabilidad” y tras descartar que este tipo de declaraciones causen divisiones al interior de Morena, defendió la postura que ha asumido la actual 64 legislatura respecto a mantener en secrecía el caso del alcalde o alcaldesa de Guerrero que se investiga por las autoridades de justicia.
Sobre este caso, Urióstegui García precisó que “hay un proceso legislativo que debemos cumplir y la Ley de Transparencia establece como datos reservados, respecto a tener cuidado con los datos personales y es lo que estamos haciendo”, sostuvo.
De acuerdo a lo que marca la ley, existe un plazo de 60 días a partir de la solicitud para que las autoridades legislativas revisen el juicio de procedencia y derivado de ello se avale o no el desafuero de un presidente municipal de la entidad.