Roberto Santos // En México, la propiedad privada debería ser un derecho fundamental protegido por la ley.
Sin embargo, situaciones como la que ocurrió en el municipio de Chalco, estado de México, ponen en evidencia cómo la falta de respeto a la ley y a la propiedad puede llevar a consecuencias trágicas.
El caso de Carlota “N”, una mujer adulta mayor detenida por presuntamente asesinar a dos personas tras una disputa por una propiedad, refleja la grave crisis que enfrenta el país en cuanto a la defensa de los derechos de los propietarios.
Un video difundido en redes sociales mostró la secuencia completa de los homicidios, que ocurrió cuando un grupo de personas, incluida Carlota “N”, arribó a una vivienda en disputa.
Según las primeras investigaciones, los agresores afirmaban ser los legítimos propietarios del inmueble, mientras que los ocupantes eran señalados como “invasores”.
En un acto inesperado, Carlota “N” y otro individuo abrieron fuego contra los presentes, cobrando la vida de dos personas, y dejando a un menor herido.
Pero este suceso no es un caso aislado.
Las invasiones de propiedades y las disputas por terrenos o viviendas están aumentando en varias partes del país, debido a la interpretación laxa de las leyes, que ha permitido que individuos aprovechen vacíos legales para apropiarse de bienes ajenos, sin consecuencias legales.
El hecho de que una anciana como Carlota haya llegado al extremo de defender con un arma lo que afirma ser su propiedad se volvió viral en redes sociales.
Este acto, aunque condenable por su violencia, desbordó los límites de la prudencia y ecuanimidad.
La tensión emocional debió haber sido tan intensa para que una mujer adulta mayor tomara la drástica decisión de atacar con un arma de fuego a quienes consideraba invasores de su hogar.
Según algunos comentarios en redes sociales, los presuntos invasores le debían 11 meses de renta y, lejos de pensar en pagar, estaban intentando apropiarse de la propiedad, incluso cambiando las chapas de la casa cuando Carlota llegó a reclamar.
Seguramente no fue la primera vez que enfrentaba esta situación, pero, sin duda, fue la última.
En casos como este, surge una pregunta fundamental: ¿quién tiene la culpa? ¿El invasor, el agresor, o las autoridades que muchas veces parecen ser cómplices de las invasiones de casas y terrenos, facilitando el despojo de los legítimos dueños?
Solo Carlota sabe cuánto trabajo le costó adquirir esa propiedad y el sufrimiento emocional que soportó al enfrentarse al despojo sin que las autoridades la ayudaran a recuperar lo que por derecho le pertenece.
Sabemos que los procesos judiciales son largos y engorrosos, y más cuando los invasores cuentan con aliados poderosos en oficinas públicas o con abogados y políticos sin ética que se prestan a este tipo de delitos.
El caso de Carlota “N” debe servir como un recordatorio de que los abusos no solo afectan a los propietarios, sino que también pueden tener consecuencias devastadoras para quienes invaden.
La violencia no es la respuesta a los problemas relacionados con la vivienda y las invasiones de propiedad, pero la falta de acción oportuna de las autoridades que protejan adecuadamente a los propietarios sigue alimentando el caos, la impunidad y agresiones mortales, como la que exhibe el video donde Carlota dispara un arma, ante la impotencia de recuperar su vivienda.