En México, parece que algunos colectivos, asociaciones o grupos sociales han olvidado que los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su función es promover la participación del pueblo en la vida democrática, sin excluir a nadie, y contribuir a la integración de la representación nacional. Son los encargados de presentar candidaturas a puestos de elección popular. Los partidos no son sectas, no están al servicio de una sola persona ni son propiedad de determinados grupos que decidan arbitrariamente quién entra o no en el juego democrático.
Es lamentable ver cómo ciertos colectivos se desvían de sus causas legítimas y se convierten en instrumentos de intereses políticos, perdiendo su esencia.
Recientemente, un grupo de sobrevivientes del caso Ayotzinapa solicitó a Morena que impidiera el ingreso a los miembros del equipo político del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Esta exigencia es no solo injusta, sino contradictoria.
Ángel Aguirre ha sido claro y constante: durante su mandato apoyó a la Normal Rural de Ayotzinapa con donaciones, obras y programas. En repetidas ocasiones ha declarado que, si el gobierno federal hubiera atendido su llamado a intervenir a tiempo, la tragedia de Iguala quizá se habría evitado. Y lo más relevante: renunció voluntariamente al cargo de gobernador sin que existiera una orden presidencial, incluso cuando el propio expresidente ha admitido haberse opuesto a su salida. ¿Qué político hace eso sabiendo que perderá el fuero? Sólo alguien que no teme enfrentar la verdad porque no tiene culpa.
A diferencia de muchos que hoy enfrentan investigaciones y se aferran al cargo, Aguirre no se ha escondido, no ha pedido asilo político ni ha huido del país. Se ha mantenido disponible para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Por eso, también él ha sido víctima de las circunstancias, arrastrando junto con su familia una persecución política y campañas de desprestigio que han dejado huella. ¿Quién repara ese daño?
Resulta entonces contradictorio que un colectivo que dice luchar por la verdad y la justicia, pretenda vetar a quien ha mostrado disposición plena a colaborar con esa misma causa. Si se busca la verdad, debe incluirse a todos los actores, no excluirlos por consigna o prejuicio. Ángel Aguirre y su equipo tienen el derecho de participar políticamente. Así lo establece la ley, así lo respalda la democracia.
Hoy, lo que debe preocuparnos es que el movimiento de Ayotzinapa ha ido perdiendo rumbo. La causa original —justicia, verdad, dignidad— ha sido opacada por acciones que generan miedo y rechazo. Ciudadanos de Chilpancingo y turistas que transitan por la Autopista del Sol lo dicen: ya no es una lucha social, sino un foco de tensión. Empresarios sufren pérdidas materiales, y habitantes de la capital guerrerense sienten que el movimiento dejó de representar a las víctimas para convertirse en grupo de presión.
Pocas veces escuchamos que se realicen manifestaciones pacíficas, colectas para ayudar a los padres o apoyos concretos a la escuela Normal. ¿Quién financia este movimiento? ¿Dónde están las alianzas con fundaciones, universidades o empresas para construir dormitorios, llevar alimentos o promover programas como “apadrina un alumno”? Esa debería ser la verdadera lucha: construir, no destruir.
El movimiento de Ayotzinapa no debe ser rehén de intereses políticos ni de grupos de choque. Debe volver a su esencia: la dignidad de los estudiantes, el dolor de las familias, la exigencia de justicia. Porque de lo contrario, no sólo se traiciona la memoria de los 43, sino también la esperanza de un Guerrero mejor.