Miguel Ángel Santos // La aprobación unánime de la Ley Camila en Guerrero representa un logro legislativo, un acto de justicia y una respuesta contundente a la exigencia social de proteger a la infancia ante la violencia.
Esta reforma al Código Penal endurece las penas por delitos sexuales y privación ilegal de la libertad contra niñas y niños, marcando un antes y un después en la defensa de los derechos de las infancias en el estado.
Detrás de esta histórica aprobación hay dos figuras clave: la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el coordinador del Congreso, Jesús Urióstegui, quienes han demostrado que cuando hay voluntad política y sensibilidad social, el cambio es posible.
La gobernadora Evelyn Salgado ha convertido la lucha contra la violencia de género y la protección de la niñez en una de las prioridades de su administración.
No fue casualidad que el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, enviara esta iniciativa al Congreso y con ello reafirmar que la erradicación de la violencia contra niñas y mujeres es una causa que requiere acciones concretas.
Su liderazgo fue fundamental para que esta ley avanzara con celeridad, asegurando que Guerrero se convierta en un estado donde la niñez esté protegida no solo en el papel, sino en la realidad.
Por su parte, el papel del diputado Jesús Urióstegui, coordinador del Congreso del Estado, fue clave para que esta iniciativa se aprobara por unanimidad, demostrando que la protección de la infancia es una causa que trasciende colores partidistas.
Su capacidad de diálogo, negociación y construcción de consensos permitió que la Ley Camila no enfrentara obstáculos y se convirtiera en una realidad.
Urióstegui ha demostrado que el Congreso puede ser un espacio de acuerdos cuando se trata de defender los derechos fundamentales de la sociedad, en este caso, de las niñas y niños de Guerrero.
La aprobación de la Ley Camila es también un acto de memoria y justicia para Camila, la niña cuyo nombre ahora representa un avance en la protección de la infancia.
Su madre, Margarita Ortega Díaz, expresó su gratitud por este logro, esperando que sirva como precedente para todo México, para que ninguna otra niña tenga que pasar por lo que sufrió su hija.
“Desde el cielo, Cami está detrás de todas estas personas”, señaló doña Margarita.
Este caso nos recuerda que no basta con indignarse; hay que transformar el dolor en acción.
La sociedad debe exigir que esta ley se aplique con rigor, para que ningún agresor quede impune.
Con la aprobación de esta ley, Guerrero da un paso importante en la consolidación de un estado que protege a sus niñas y niños, alejándose de la indiferencia y la impunidad.
Sin embargo, la tarea no termina aquí. El reto ahora es garantizar su cumplimiento y reforzar la educación, la prevención y la denuncia para erradicar de raíz la violencia contra la infancia.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el diputado Jesús Urióstegui García han demostrado que cuando hay compromiso real, se pueden lograr grandes cambios.