* El general Martín Cordero Luqueño aseguró que los estudiantes ya estaban en su escuela y no permitió el desarme de policías de Iguala en instalaciones militares
* Como gobernador apoyó a la normal de Ayotzinapa con el mejoramiento de sus instalaciones, la entrega de equipos de cómputo, un autobús y un tractor
Marcial Campuzano // El ex gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero reveló que los mandos militares del Batallón establecido en Iguala, no permitieron que en esas instalaciones se efectuara el desarme de los policías municipales de esa ciudad tras los ataques y desaparición de 43 estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, a pesar de que la petición de apoyo la hizo directamente a quien era comandante de la novena región militar.
También dio a conocer que quien era comandante de la Novena Región Militar de Guerrero, fue quien le dijo horas después de las agresiones que no se preocupara porque los estudiantes de la normal ya estaban de regreso en su escuela, tras los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, lo cual resultó ser falso con el paso de las horas.
En entrevista que concedió al periodista Gamaliel García en su programa de noticias en radio, el ex mandatario estatal narró que al tener conocimiento de los hechos ocurridos en Iguala, instruyó al fiscal Iñaki Blanco; a quien era secretario general de Gobierno, a la secretaria de Educación Silvia Romero, al secretario de Salud Lázaro Mazón, y le pidió al presidente de la Comisión de Derechos Humanos que se trasladaran al lugar de los hechos.
Dijo que personalmente le pidió al general Martín Cordero Luqueño quien era el comandante de la Novena Región Militar, que le brindara su apoyo para la localización de los normalistas, y que gracias a la intervención de la Fiscalía logró el gobierno del estado recuperar a 68 normalistas en Iguala, “que bien podían haber corrido la misma suerte que los 43 cuyo paradero aún se desconoce”.
El ex gobernador destacó que fue el gobierno del estado el que detuvo a los elementos de la policía municipal de Iguala que presuntamente participaron en las agresión contra los normalistas, y que los mandos militares de Iguala negaron el uso de las instalaciones militares para desarmar a los uniformados, “a pesar de que ya había solicitado al comandante de la región militar que nos apoyaran en ese sentido, y el propio Iñaki había hablado con el jefe del Estado Mayor del Ejército que nos dieran esas facilidades dado que nuestras instalaciones eran insuficientes para llevar a cabo el operativo”.
“No tuvimos respuesta, nos negaron las instalaciones del Batallón para llevar a cabo la acción de desarme de la policía municipal de Iguala, y de su brazo armado que eran los famosos bélicos”, dijo.
También reveló que el C4 de Iguala que era operado por el Ejército, nunca le informó en tiempo real lo que estaba aconteciendo en esa ciudad, porque si bien lo operaban elementos del Ejército, ellos tenían la obligación de reportarle al gobernador lo que estaba aconteciendo, lo debieron haber hecho en tiempo real, pero nunca me transmitieron ningún reporte ni ninguna información, “eso lo declaré ante la Fiscalía General de la República”.
El ex gobernador reveló también que 2 días después de las agresiones contra normalistas de Ayotzinapa en Iguala, “recibo una información de parte del militar de mayor jerarquía en ese momento”, para decirle que no tuviera ningún motivo de preocupación, porque los jóvenes de Ayotzinapa se encontraban ya en las instalaciones de la escuela. El general le dijo que tenían un infiltrado en la normal, “por eso me dijo que debería estar tranquilo porque los estudiantes ya estaban en las instalaciones de la normal”.
“Ahora me pregunto, con qué propósito el general me da esa información, él fue quien me llamó para decirme que los muchachos ya estaban en las instalaciones de Ayotzinapa, no lo he entendido hasta el día de hoy, pero obviamente que genera muchas suspicacias”, agregó.
El ex gobernador aclaró que no forma parte de los acusados por las agresiones y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que tampoco participó en la construcción de la llamada verdad histórica.
“No hay ninguna línea de investigación en mi contra ni se me ha encontrado absolutamente nada, todo lo que se ha presentado se ha concluido; yo no participé jamás en la famosa verdad histórica que se construyó”, aclaró.
Manifestó su confianza que en algún momento se sabrá quién ordenó la desaparición de los 43 jóvenes, “porque si hay tantas detenciones yo creo que muchos de los que están en la cárcel deben saber a dónde los llevaron”.
El ex gobernador admitió que el caso Ayotzinapa representa una losa muy pesada para él y para su familia, “he acudido 3 o 4 veces a hacer declaraciones a la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, y lo seguiré haciendo cuantas veces se me requiera”.
Se autodefinió como el gobernador que más apoyó a la normal de Ayotzinapa con el mejoramiento de sus instalaciones y la entrega de equipos de cómputo, de un autobús y un tractor, “todo mi interés estaba orientado a que la relación entre los jóvenes de Ayotzinapa y mi gobierno fuera tersa, de respeto y de mucha cordialidad”.
Aclaró que su salida del gobierno, no derivó de una petición de licencia que le hubiera hecho el gobierno federal, pero que se pensó en ese paso, era para que el problema no siguiera creciendo políticamente.