La corrupción, la impunidad y el retardo procesal son algunos de los desafíos que enfrenta la impartición de justicia en México.
En las cárceles o centros penitenciarios hay hombres y mujeres que llevan mucho tiempo sin recibir una sentencia.
Desde hace varios años, las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia en México tienen muy mala reputación, ya sea por corrupción o encarcelar injustamente a ciudadanos que nada tienen que ver en los crímenes que se les imputa.
En muchas ocasiones, los gobernantes en turno o gente cercana al poder utilizan a las corporaciones de seguridad pública y a las fiscalías para perseguir a sus adversarios políticos.
Durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ocurrió un crimen que conmocionó a la clase política local: el homicidio del diputado federal y militante del PRI, Moisés Villanueva de la Luz, y su chofer, Erik Estrada Vázquez.
El legislador y su acompañante fueron privados de la libertad el 4 de septiembre de 2011, cuando circulaban a bordo de un vehículo Ford, tipo Escape XLS, color blanco, sobre la carretera Huamuxtitlán‑Puebla. Y 13 días después fueron encontrados en avanzado estado de putrefacción, en el municipio de Huamuxtitlán.
El gobierno federal y la clase política local condenaron el crimen.
Militantes del PRI, incluidos presidentes municipales, así como diputados locales y federales, difundieron un comunicado en contra del entonces secretario de Desarrollo Rural del gobierno del estado, Sofío Ramírez Hernández, a quien vincularon con el homicidio de Moisés Villanueva.
“En el documento se afirma que Ramírez Hernández presionó a Villanueva de la Luz para tratar de subordinarlo a sus intereses personales”. (La Jornada/20‑IX‑2011).
Eso generó el enojo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien inmediatamente salió en defensa de su colaborador.
Y en poco tiempo el aparato estatal se encargó de buscar a un “culpable” de ese crimen.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) detuvo días después a Juan Miguel Martínez Plácido, alias “El Pequeño” o “El Gordo”, quien confesó haber recibido 300 mil pesos para asesinar al diputado federal y a su chofer.
Para el gobierno de Ángel Aguirre el autor intelectual del homicidio de Moisés Villanueva fue el entonces presidente municipal priista de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos.
Desde hace 14 años, Willy Ramos se ha defendido legalmente para demostrar su inocencia, ya que ha sido estigmatizado como autor intelectual de dicho homicidio, lo cual ha afectado su imagen pública.
En enero de 2018 no fue detenido como lo informó la FGE, sino que él se entregó para demostrar su inocencia y fue recluido en la cárcel de Tlapa y después en la de Acapulco.
Cinco meses después, el 30 de junio de 2018, Willy Reyes fue liberado por el juez Mixto del Distrito de Zaragoza con sede en Huamuxtitlán, al no acreditarse su responsabilidad como homicida intelectual contra el diputado.
El que sí fue sentenciado a 60 años de prisión como responsable del homicidio de Moisés Villanueva y de su chofer, Erick Estrada Vázquez, fue Juan Miguel “N” alias “El Pequeño”.
Con los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público, a finales de mayo de 2020 se acreditó el delito, por lo que logró la sentencia de 60 años por parte del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza.
El pasado 21 de marzo, Will Reyes se presentó a una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde solicitó el sobreseimiento del caso, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) se desistió de la imputación que previamente fincó en su contra.
“Vengo al Tribunal donde estamos pidiendo el sobreseimiento del caso”, señaló en una breve entrevista que concedió a reporteros que se encontraban en la entrada de las instalaciones de Ciudad Judicial.
Willy Reyes llegó acompañado de sus abogados y de su entrañable amigo el periodista y activista de derechos humanos, Igor Pettit.
El ex alcalde de Tlapa de Comonfort reveló que la FGE detectó más de 200 inconsistencias en el expediente, entre ellas que cuatro personas que lo señalaron “fueron torturados”.
“Cuando (esas cuatro personas) dieron una fecha, un día, un lugar, yo no estuve en Tlapa ese día, en ese lugar. Hubo montajes, fabricaciones, alteraciones en declaraciones y la Fiscalía tomó a bien no seguir el caso porque estaba generando vulneración triple a los derechos humanos de Willy Reyes, sin embargo, me costó 14 años y esperé 14 años para llegar a este momento”, dijo.
De acuerdo al propio ex alcalde de Tlapa, cuenta con un amparo porque el juez con sede en Huamuxtitlán, lo requirió y le pidió “otro desistimiento”, adicional al que ya determinó la FGE.
En efecto, Willy Reyes fue objeto de una injusticia durante todo este tiempo.
Los que en su momento se encargaron de la procuración e impartición de justicia violentaron sus derechos.
Catorce años es mucho tiempo para enfrentar las arbitrariedades de servidores públicos irresponsables, así como aquellas mentes perversas que afectaron su imagen pública y su carrera política.