Baltazar Jiménez Rosales // Con el voto en contra de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), a quienes sorpresivamente se sumaron los morenistas Diana Bernabé Vega y Aristóteles Tito Arroyo, el pleno del Congreso del Estado aprobó ayer la Reforma Judicial local, en la cual entre las disposiciones más importantes que contempla son la eliminación de las pensiones vitalicias para los magistrados y el hecho de que, finalmente, la elección judicial será en el 2027 y no este año.
En la discusión, mientras que la diputada local del PAN, María Irene Montiel Servín expresó que con esta reforma al Poder Judicial del Estado no hay garantías de que el sistema de administración de justicia cambie para bien, el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI, Alejandro Bravo Abarca, calificó esta reforma como una falacia, pues no se puede asumir que los jueces electos tienen más legitimidad, a partir de un proceso de elección popular, ya que están en el riesgo de corromperse por poderes ajenos a la política y al interés social.
El también dirigente estatal del tricolor señaló que este instituto político se ha pronunciado a favor de una reforma judicial, pero consensada y, sobre todo, que en verdad combatiera la corrupción en el Poder Judicial.
Por el contrario, remarcó, esta Reforma Judicial fue hecha al vapor, con pocos consensos, con pocas opiniones a lo largo del país, y sin la opinión de los expertos, ya que no se está cumpliendo uno de los objetivos sustanciales y fundamentales de la reforma judicial de acabar con la corrupción del Poder Judicial, además de que se está perdiendo el equilibrio de poderes, quitándole la facultad de control al Poder Legislativo en coordinación con el Ejecutivo.
Puntualizó que “esta reforma no resuelve los problemas de fondo de la impartición de justicia y pone en peligro los derechos de las y los guerrerenses; y pone en peligro el futuro democrático y el Estado de derecho”, expresó.
Esta Reforma Judicial también tuvo el sorpresivo voto en contra de la diputada local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Diana Bernabé Vega quien principalmente se pronunció en contra del otorgamiento de millonarias pensiones a los magistrados, ya que en un estado pobre como Guerrero, “es inaceptable y profundamente indignante que los magistrados y jueces reciban pensiones millonarios de por vida”, mientras los profesores y médicos, profesionistas que trabajan de 28 a 30 años se jubilen con montos que apenas les permiten vivir.
En este sentido, insistió en que las pensiones de los magistrados deben sujetarse a un tabulador equivalente al de la jubilación de un médico o de un profesor, que trabajan durante 28 y hasta 30 años, cuando los magistrados se desempeñan en ese cargo 8 años con la posibilidad de permanecer otros 8 más.
El también diputado local de Morena Aristoteles Tito Arroyo también votó en contra por considerar que la reforma mantiene su perfil excluyente y de discriminación de los pueblos originarios de la entidad, ya que no fue sometida a consulta en las comunidades indígenas.
En contraparte, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Citlali Calixto Jiménez, aseguró que el proceso de armonización de la Constitución Política en materia de Reforma al Poder Judicial fue objeto de un trabajo intenso entre los tres poderes públicos de la entidad y aseguró que con estas disposiciones aprobadas se eliminan los privilegios en el Poder Judicial, se quitan los haberes de retiro y se aplica la política de austeridad en el Poder Judicial, además de que desaparece el Consejo de la Judicatura y se programa la elección de jueces y magistrados por primera vez para 2027.
Asimismo, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) adelantó el voto a favor de los diputados de este instituto político “para no obstaculizar el trabajo en materia de armonización de la Constitución”, aunque contradictoriamente mencionó que en varios temas estaban en contra.