Roberto Santos // La protección de la infancia es una obligación que gobiernos y congresos deben asumir con responsabilidad.
En México, las niñas, niños y adolescentes enfrentan serios riesgos de manera constante, por lo que el fortalecimiento del marco jurídico es clave para garantizar su seguridad y bienestar.
Sin leyes firmes y mecanismos eficaces de aplicación, la impunidad se convierte en el peor enemigo de la niñez.
Es este el fundamento por el cual el Congreso de Guerrero ha dado un respaldo firme y decidido a la iniciativa “Ley Camila”, enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la cual busca endurecer las penas contra quienes cometan delitos sexuales y priven ilegalmente de la libertad a menores de edad.
Se trata de una reforma que refleja el compromiso del gobierno estatal y del Poder Legislativo con la protección de la infancia y el fortalecimiento de la justicia en la entidad.
El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ha enfatizado la importancia de esta propuesta, calificándola como un esfuerzo trascendental para garantizar mayor seguridad para los menores de edad.
“Es un tema importantísimo y hemos decidido acompañarlo. La gobernadora ha realizado un gran ejercicio con esta ley, y sin duda cuenta con nuestro respaldo”, expresó el legislador, destacando la voluntad unánime de la LXIV Legislatura para aprobar la reforma.
La “Ley Camila” se suma a otras acciones impulsadas en Guerrero para la protección de los sectores más vulnerables.
Programas como el Protocolo Violeta, el Transporte Violeta y la Tarjeta Violeta han sentado las bases de una política pública con perspectiva de género y atención prioritaria a las mujeres y la infancia.
Asimismo, Guerrero ha sido pionero en la prohibición de los matrimonios infantiles, un tema donde el que el Congreso también ha jugado un papel relevante.
Cierto es que la protección de la niñez no debe quedarse en el papel y las leyes, por sí solas, no transforman realidades si no van acompañadas de una implementación eficaz y de políticas públicas que prevengan la violencia y fortalezcan el entorno familiar, educativo y social de los menores.
Es por eso que proteger a la infancia es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
Urióstegui García reiteró el compromiso del Poder Legislativo para seguir trabajando en iniciativas que fortalezcan la seguridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes en Guerrero, asegurando que estas acciones no responden a intereses partidistas, sino al bienestar general de la población.
Queda claro que la “Ley Camila” es un paso en la dirección correcta y que su aprobación y aplicación representa un mensaje contundente de que en Guerrero, la protección de la infancia es debidamente atendida.