Por Miguel Ángel Santos // El día de ayer lunes, el Congreso local recibió un paquete de iniciativas legislativas por parte del magistrado Ricardo Salinas Sandoval, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, reflejo de un trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado, y que busca armonizar la legislación estatal con la Reforma Constitucional al Poder Judicial.
Durante la sesión en la sala José Francisco Ruiz Massieu, el magistrado Salinas Sandoval subrayó que esta propuesta es el resultado de un ejercicio democrático poco común, en el que la colaboración entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial permitió poner por encima de todo el interés general de la sociedad.
El titular del Poder Judicial explicó que la iniciativa no solo respeta los principios constitucionales aprobados a nivel federal, sino que también garantiza los derechos laborales tanto de trabajadores administrativos como de los operadores jurisdiccionales. “Nuestro compromiso es con la justicia y con quienes la hacen posible día a día en Guerrero”, afirmó.
Además, destacó que el documento presentado sintetiza el trabajo de un equipo multidisciplinario de expertos, asegurando que la reforma propuesta facilite la labor legislativa y contribuya al fortalecimiento de las instituciones de justicia en el estado.
La entrega de este paquete legislativo contó con el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de su Consejería Jurídica, cuyo titular es el doctor Jorge Salgado Parra y con ello refuerza el mensaje de que la transformación del sistema judicial en Guerrero es una prioridad compartida.
Acompañaron al magistrado Salinas Sandoval destacados miembros del Poder Judicial, entre ellos la magistrada Olga Iris Alarcón Nájera, los magistrados Paulino Jaimes Bernardino y Benjamín Gallegos Segura, así como la consejera Ma. Elena Medina Hernández y los consejeros Manuel Francisco Saavedra Flores y Rodolfo Barrera Sales.
Con esta iniciativa, Guerrero da un paso significativo hacia una justicia más eficiente, moderna y alineada con los principios constitucionales. La colaboración entre poderes demuestra que, cuando el objetivo es el bienestar social, es posible construir consensos que trasciendan intereses particulares.
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