Chilpancingo, Gro., 02 de marzo de 2025.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado analiza un punto de acuerdo presentado por el diputado Edgar Ventura de la Cruz para solicitar al presidente del Tribunal Superior de Justicia que informe, en un plazo de 15 días hábiles, si existen personas de los pueblos indígenas o Afromexicanos beneficiados con la Ley de Amnistía, los tipos penales por los que se han liberado y el género de los beneficiados.
El diputado menciona en su propuesta que el 02 de agosto del 2024 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley Número 851 de Amnistía del Estado, que tiene como propósito ayudar a todas aquellas personas que estuviesen sujetas a proceso o sentenciadas por delitos menores que son establecidos con puntualidad en la norma jurídica.
Dicho ordenamiento plasma en el artículo 4 que incluye delitos imputados a personas campesinas de notoria pobreza económica o pertenecientes a los pueblos originarios, comunidades indígenas o afromexicanas, por lo que resulta importante conocer si este ordenamiento jurídico se está aplicando en beneficio de este sector de la población.
Explicó que la amnistía procura reducir la brecha de desigualdad para los individuos que se encuentran en condiciones que no les permite contar con una defensa adecuada, o con recursos para cubrir la fianza o garantía económica, y de esta forma acceder a su libertad provisional, sobre todo, en los sectores más vulnerables.
“Pero es importante mencionar que la amnistía no es un pase a la impunidad, sino por el contrario, con el pleno respeto de los derechos humanos y con exacta aplicación de los mecanismos de liberación, busca restituir a quienes bajo un estado social desfavorable puedan gozar de su libertad, además de que se garantizan los derechos de las víctimas como es la reparación de daños”, dijo Edgar Ventura.
Por lo anterior, el diputado dijo que respetando la división de poderes es importante que el Poder Legislativo conozca la funcionalidad y aplicación de la Ley de Amnistía, y de esta forma, de ser necesario coadyuvar, en el ámbito de su competencia, a mejorar la operatividad de este ordenamiento jurídico.