No se descarta que en Guerrero y otras entidades, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda legítimar y actuar conforme a derecho de carácter de fiscalización de presuntas desviaciones de recursos en anteriores gobiernos en los estados.
El caso del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, junto con ex colaboradores es quizá el inicio de lo que al igual se puede revelar en otros estados tras investigaciones con la desaparición o desvío millonarios durante sus gestiones.
Derivado de presuntas corrupciones, el órgano fiscalizador tiene la mirada a anteriores gobiernos que aún tienen pendientes de comprobación con observaciones de irregularidad financiera, de lo que genera incertidumbre para ex gobernadores.
En reacción a ello hay quienes por separado avalan la actuación del ASF, al asegurar que la situación de comprobación de los anteriores gobiernos este convertido un escenario de persecución o al igual de venganza de carácter de ideología política.
A lo anterior, existe evidencia del enriquecimiento de ex mandatarios estatales, por lo que, más allá de lo particular, la auditoría de la federación actúa ante el delito de peculado, en el caso, del gobierno de Michoacán y previó a otros por igual.
La política de transparencia y el combate a la corrupción es el firme compromiso del anterior y el actual gobierno federal en el denominado segundo piso de la transformación, en la que según nadie puede estar por encima ni al margen de la ley.
A manera que el fondo que se viene promoviendo desde la ASF es la actitud institucional en aplicar todo el rigor de la fiscalización a Michoacán y previó a otros ex gobiernos que aún no cumplen con ciertas observaciones y comprobaciones.
Por lo que también, ha generado incomodar a ex gobernadores con supuestas desviaciones en sus administraciones públicas en los ejercicios de transparencia con los recursos del orden federal en la aplicación de programas de gobierno.
No obstante, existe certeza que hay ciertos plazos en el proceso de revisión con un periodo hasta de 5 años para subsanar las observaciones y transparentar la ejecución de los recursos propios en cualquier administración gubernamental.
Aunque también cabe reconocer, que las auditorías con sus delicadas observaciones son el ejercicio y derecho para verificar que los recursos públicos se ejecuten de manera correcta y transparente en el actuar moral de la honradez de la autoridad.