Roberto Santos // El caso de un presunto matrimonio arreglado entre dos menores en Huamuchitos, una comunidad de Acapulco, ha vuelto a poner en el centro del debate una práctica que, aunque ilegal, persiste en varias localidades de Guerrero.
Este evento, transmitido en vivo por redes sociales el pasado 23 de febrero, expuso no solo la fragilidad del estado de derecho en estas comunidades, sino también la indiferencia de las autoridades municipales ante una violación flagrante de los derechos de la infancia.
La imagen de los dos menores, apenas adolescentes, vestidos para la ocasión y rodeados de familiares que dialogaban sobre los términos del acuerdo, generó indignación en la opinión pública.
La ceremonia, amenizada por un grupo musical y presentada como un evento de importancia comunitaria, reflejó cómo estas prácticas se siguen desarrollando sin restricciones, pese a que el marco legal prohíbe explícitamente la cohabitación forzada de menores de edad.
Desde abril de 2023, Guerrero se sumó a las reformas legales para erradicar el matrimonio infantil.
A través de una iniciativa promovida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y aprobada por el Congreso del Estado, se establecieron sanciones de cinco a quince años de prisión para quienes promuevan, gestionen o faciliten estas uniones.
Sin embargo, la realidad en comunidades como Huamuchitos demuestra que la legislación, por sí sola, no es suficiente para erradicar una costumbre arraigada en factores económicos, culturales y de organización social.
El matrimonio infantil en Guerrero no solo responde a la pobreza, sino también a tradiciones profundamente arraigadas.
En muchas comunidades, la dote sigue siendo un elemento clave en los acuerdos matrimoniales, convirtiendo a las niñas en una forma de transacción económica que busca garantizar la estabilidad familiar.
Además, los usos y costumbres funcionan como un sistema de justicia alternativo que, en ocasiones, se impone sobre la legislación estatal, permitiendo que estas prácticas persistan con la complacencia de las autoridades locales.
Lo que hace aún más alarmante este caso es su difusión pública. El hecho de que la ceremonia haya sido transmitida en redes sociales y presentada como un evento festivo demuestra hasta qué punto la normalización de esta práctica ha permeado en la comunidad.
Sin embargo, lo más grave es que lo anterior exhibe a la presidenta municipal de Acapulco como una autoridad omisa, y validadora de una práctica prohibida por la ley.
Como máxima autoridad del municipio, su obligación es garantizar que se respeten los derechos de niñas y niños, pero su indiferencia envía un mensaje claro: en Acapulco, las leyes pueden ignorarse si la tradición así lo dicta.
Su declaración, que causó indignación entre la población, fue la que recogieron diversos medios de comunicación, donde destacó que “el Ayuntamiento no tiene registro oficial del enlace y que, al no haberse realizado de manera formal, no corresponde a la autoridad intervenir en acuerdos de este tipo.”
Una declaración desafortunada al ignorar una ley que está obligada a cumplir como primera autoridad municipal y que se suma a otras tantas expresiones erradas de la alcaldesa.
El arreglo matrimonial no es solo un caso aislado, sino el síntoma de un problema estructural en Guerrero, donde las reformas legales chocan con prácticas que han sido transmitidas por generaciones.
Pero si las autoridades municipales no son capaces de hacer valer la ley, la erradicación del matrimonio infantil seguirá siendo una práctica común.
¿Hasta cuándo seguirá la omisión institucional permitiendo que el peso de la cultura justifique la vulneración de los derechos de los más indefensos?