Baltazar Jiménez Rosales // Con el objetivo de fortalecer el marco legal para combatir y erradicar la pornografía infantil en Guerrero mediante el estableciendo de penas más severas para quienes cometan este delito que vulnera de manera profunda los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su sesión de ayer, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen de reformas al Código Penal del Estado para presentarlo ante el pleno donde se espera cuente con el respaldo de todos los integrantes de esta 64 Legislatura local.
De acuerdo a este dictamen, la propuesta es reformar, entre otros, el artículo 173 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499 con el fin de que quienes cometan delitos relacionados con la pornografía infantil enfrenten penas más severas, que en este caso serían penas de 12 a 16 años de prisión y una multa de mil 200 a mil 600 días de salario.
Serían acreedores a estas sanciones quienes procuren faciliten, graben, fotografíen o filmen a menores de edad en actos de índole sexual o de exhibicionismo corporal, ya sean reales o simulados.
Asimismo, quienes incurran en la comercialización, distribución, venta, compra, renta, exposición, transmisión, importación o exportación de material pornográfico infantil, enfrentarán una pena de 14 a 18 años de prisión y una multa de mil 400 a mil 800 días. En todos los casos se decomisarán los instrumentos utilizados para la comisión del delito, con el fin de desmantelar las redes de producción y distribución.
En caso de que la víctima pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, la pena aumentará hasta en una mitad, lo cual es un reconocimiento a la vulnerabilidad de estos sectores de la población que históricamente han enfrentado situaciones de discriminación y desprotección.
En la sesión de esta comisión, la cual es presidida por el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, se subrayó que el aumento de las penas se encuentra dentro de la media nacional, ya que varios estados de la República han reformado sus legislaciones locales para imponer sanciones más estrictas por este delito. Con ello, Guerrero se alinea con las mejores prácticas legislativas del país, garantizando que los infractores enfrenten consecuencias acordes con la gravedad del daño que ocasionan.
Asimismo, los integrantes de esta Comisión legislativa coincidieron en que esta reforma no impone sanciones desproporcionadas ni inhumanas, sino que pondera los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia y explotación sexual.