Roberto Santos // Hay algo tragicómico en la postura del PRI cuando exige al gobierno federal que detenga el aumento de precios, las alzas en las cuotas de peaje y la reducción de las comisiones bancarias.
Ahora resulta que los priistas, después de décadas de corrupción y saqueo, quieren vestirse de justicieros económicos y defensores del bienestar del pueblo.
Su repentino interés por el bolsillo ciudadano no deja de ser una estrategia oportunista para recuperar algo del terreno que han perdido.
Los mismos diputados del PRI que hoy claman por la austeridad y la justicia social parecen haber olvidado que fueron ellos quienes dejaron un país sumido en crisis económica tras sexenios de gobiernos plagados de corrupción, desvíos multimillonarios y privatizaciones que encarecieron servicios esenciales. ¿O ya no recuerdan el Fobaproa, los gasolinazos constantes, el endeudamiento sin freno y los fraudes como la “Estafa Maestra”?
Si la fiscalización de los recursos públicos les pareciera tan importante, ¿por qué durante sus gobiernos los desfalcos eran la norma y no la excepción?
El cinismo llega al extremo cuando advierten sobre el “dudoso manejo” de los recursos del Infonavit, como si nunca hubieran permitido que los fondos de los trabajadores fueran utilizados para enriquecer a empresarios y políticos pertenecientes al régimen priista.
Y ni hablar del alza en las cuotas de peaje de autopistas: muchas de ellas concesionadas en gobiernos del PRI a empresas que han convertido el derecho a la movilidad en un negocio privado sin límites.
El PRI puede gritar todas las exigencias que quiera, pero difícilmente convencerá a la ciudadanía de que su nueva postura es genuina.
Durante años abusaron del poder, y fue precisamente por eso que la gente les dio la espalda en las urnas.
Ahora, desesperados por recuperar relevancia, intentan venderse como defensores de la gente.
Pero el pueblo no olvida.
Y la historia tampoco.