Roberto Santos // En la discusión sobre la reforma judicial en Guerrero, el Congreso local enfrenta el desafío de cómo garantizar un proceso eficiente y legítimo sin comprometer las finanzas del estado.
Jesús Urióstegui, secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ha dejado claro que la reforma no puede ejecutarse con improvisaciones ni decisiones apresuradas.
Su postura se basa en criterios técnicos y en la responsabilidad financiera como ejes centrales.
Para ello, Urióstegui ha establecido un grupo de trabajo técnico y jurídico en el Congreso, que ya avanza en la construcción de soluciones realistas.
La elección de jueces y magistrados es un proceso crucial, pero requiere planificación y garantías de eficiencia.
Por ello, el presidente de la Jucopo ha priorizado la integración de mesas de trabajo donde convergen expertos técnicos y jurídicos, con el objetivo de evitar decisiones que comprometan las finanzas estatales.
Lejos de imponer soluciones unilaterales, Urióstegui ha apostado por el diálogo interinstitucional como vía para construir alternativas viables.
La participación del equipo jurídico del gobierno de Guerrero en estas mesas de trabajo responde a una estrategia clara para fundamentar las decisiones en criterios técnicos y no en intereses políticos.
Uno de los puntos críticos que ha señalado es que el presupuesto 2025 no contempló previsiones para este proceso electoral, lo que evidencia la urgencia de reformas estructurales en la planificación financiera del estado.
Aun así, la postura del también líder de la fracción morenista en el Congreso local, no es de evasión del problema, sino de búsqueda de soluciones a largo plazo, evitando que la falta de recursos derive en un descalabro institucional.
Y es que el recorte presupuestal de más de mil 700 millones de pesos ha planteado un reto adicional, pero el líder de la Jucopo no propone la suspensión del proceso.
En cambio, confía en que el grupo técnico y jurídico avanzará en propuestas que garanticen el desarrollo de la elección sin comprometer la estabilidad del Poder Judicial.
Uno de los riesgos que ha advertido es que una implementación sin los recursos adecuados podría derivar en un proceso fallido, poniendo en entredicho la independencia judicial.
Por ello, el enfoque de la Jucopo es claro: construir acuerdos viables que permitan una elección legítima y eficiente.
En este contexto, la integración de expertos en las mesas de trabajo es una muestra de que la solución no radica en la voluntad política, sino en un análisis técnico y financiero riguroso.
Desde los costos operativos hasta la impresión de boletas y la contratación de funcionarios, cada aspecto está siendo evaluado con el objetivo de garantizar una elección funcional y sin riesgos administrativos.
La prioridad de Urióstegui no es solo evitar retrasos en el proceso, sino salvaguardar la legitimidad de la elección y la independencia del Poder Judicial.
Con un enfoque de austeridad responsable y planeación presupuestal, la reforma judicial en Guerrero avanza con la premisa de que las decisiones no pueden tomarse a la ligera.
En este panorama, el Congreso, el Poder Judicial y el equipo jurídico del gobierno estatal trabajan en conjunto para que la reforma no solo sea viable, sino que siente las bases para un sistema judicial fortalecido y libre de incertidumbre financiera.