Roberto Santos // La tragedia en Culiacán alcanzó un punto de indignación colectiva cuando cientos de personas marcharon este jueves para exigir justicia por Alexander y Gael, niños de 9 y 12 años, asesinados junto a su padre en un ataque armado.
Bajo el grito desgarrador de ”¡A los niños no!”, la manifestación se convirtió en un acto de desesperación frente a un gobierno que, para muchos, ha demostrado ser indolente y cómplice por omisión.
La movilización inició en la Escuela Primaria Sócrates Matutina, donde Alexander estudiaba.
El recorrido culminó en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, con manifestantes clamando justicia frente a un edificio cuya seguridad se blindó rápidamente.
La indignación escaló cuando, al encontrar las puertas cerradas, los asistentes rompieron cristales y llegaron hasta el despacho del gobernador Rubén Rocha Moya, dejando claro su hartazgo ante la falta de respuestas y acciones contundentes.
El caso de Alexander y Gael no es un hecho aislado.
La violencia en Culiacán, que ha permanecido incesante durante meses, refleja el fracaso de las políticas de seguridad del gobierno estatal.
Según versiones preliminares, el ataque ocurrió el pasado 19 de enero, cuando Antonio de Jesús, junto a sus hijos Gael, Alexander y Adolfo, transitaba por el sector Los Ángeles en un Toyota Yaris.
Hombres armados abrieron fuego contra ellos en lo que la Secretaría de Seguridad Pública intentó justificar como un “supuesto intento de asalto”.
Las explicaciones oficiales son percibidas como insultos a la inteligencia de una población que ya no cree en los discursos vacíos. ¿Hasta cuándo el gobierno de Rocha Moya seguirá justificando la sangre derramada?
La indiferencia y falta de soluciones reales son vistas por muchos como una criminal complicidad que permite que los sicarios sigan actuando impunemente.
La protesta no solo exigía justicia por Alexander y Gael, sino que era también un reclamo por las miles de vidas inocentes que se han perdido en una guerra interminable que parece no tener cabida en la agenda gubernamental.
Mientras el gobernador y sus funcionarios cierran puertas, la violencia continúa devorando a las familias sinaloenses, dejando una herida que ni el tiempo ni las promesas podrán sanar.
Culiacán, hoy, no solo llora a sus niños, sino que grita con rabia contra un gobierno que ha sido incapaz de protegerlos. ”¡A los niños no!” no es solo una consigna; es el eco de un pueblo que exige dignidad, justicia y paz.
Está manifestación bien puede configurarse como el preámbulo de la caída de un gobernador indolente y criminal.