La propuesta de separar 65 colonias y comunidades de la Zona Diamante en Acapulco es un tema complejo que, bajo mi perspectiva, debilita al municipio cuando los tres niveles de gobierno y en especial el gobierno federal, hacen enormes esfuerzos para reconstruirlo de la devastación que dejaron los huracanes John y Otis.
Como si no tuviera problemas que atender la alcaldesa Abelina López Rodríguez para impulsar la reconstrucción y reactivación económica de Acapulco, ahora debe lidiar con los afanes separatistas de un grupo de ciudadanos, tal vez con motivaciones legítimas, tal vez con afanes políticos.
Esta separación implicaría, de ocurrir, una reconfiguración del municipio, que perdería territorio y recursos. Esto podría tener un efecto negativo en su ya debilitada economía y capacidad administrativa, profundizando la desigualdad entre el puerto y las comunidades rurales.
En el caso de la Zona Diamante de Acapulco, existen factores adicionales que complican aún más la división, como los daños causados por los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, Otis en 2024, y John también en 2024.
La reconstrucción de Acapulco, particularmente en la Zona Diamante, no debería abordarse de manera fragmentada, ya que la ciudad enfrenta retos comunes como la reconstrucción de infraestructura, la recuperación de servicios básicos, y el fortalecimiento del sistema de protección civil.
La fragmentación diluiría los recursos y obstaculizaría los esfuerzos coordinados necesarios para enfrentar la magnitud de estos retos.
Además, los huracanes han demostrado lo vital que es la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, así como entre las comunidades afectadas.
Es obvio que la iniciativa de quienes buscan separarse busca tener el control de recursos financieros y la toma de decisiones.
Al escindirse, el nuevo municipio tendría un presupuesto propio asignado conforme a las leyes de coordinación fiscal. Esto permitiría priorizar proyectos de infraestructura, salud y educación que seguramente quedan relegados en el presupuesto general de Acapulco.
Sin embargo, el sueño de autonomía enfrenta una serie de obstáculos que podrían limitar su viabilidad. Hay que recordar que la cobija presupuestal federal es la misma, aun cuando se separen.
Tendrían la base recaudatoria por ingresos propios. Al ser una zona de alta plusvalía y densidad poblacional, la bolsa no es nada desdeñable, pero el efecto de la merma para un polo turístico como Acapulco podría ser devastador.
Si de por sí es complicado el cobro de impuestos y servicios, por ejemplo, Capama, por ejemplo, con una cartera vencida de mil 500 millones de pesos, la división afectaría la recuperació de Acapulco es una economía que lucha por ponerse de pie.
Acapulco ha mostrado resiliencia en los últimos años, sobrevive a las crisis que generaron Ingrid y Manuel, la pandemia por COVID y los huracanes Otis y John.
En lugar de dividirse, Acapulco debe reforzar su estructura administrativa, garantizando una respuesta integral y efectiva. La escisión que se pretende lo tumbaría de nuevo.
Y aunque la búsqueda de autonomía puede obedecer a un legítimo reclamo de atención y justicia presupuestal, la solución no puede limitarse a la división administrativa.
Se debe revisar experiencias que aclaren si la creación de nuevos municipios garantiza efectivamente mejores condiciones de vida o si solo responde a una situación de abandono que podría resolverse mediante una gestión más inclusiva y descentralizada.
Uno de los ejemplos más representativos de esta problemática se encuentra en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, que se separó de Ecatepec en 1993. En un inicio, se pensó que este cambio facilitaría la mejora en la gestión pública y la construcción de infraestructura.
Sin embargo, el municipio de Tecámac ha enfrentado desafíos similares a los de otras zonas fragmentadas, con una falta de recursos suficientes para desarrollar proyectos de infraestructura de manera efectiva, como la construcción de redes de drenaje y de agua potable, además de una considerable presión sobre los servicios de seguridad pública.
El crecimiento rápido y desordenado de la zona, sin un plan de desarrollo integral, ha provocado que muchas de las áreas recién creadas carezcan de los servicios básicos y estén expuestas a los mismos problemas que provocaron su separación en primer lugar.
El caso de Oaxaca es particularmente relevante para entender los efectos de la fragmentación territorial en la administración de recursos y el desarrollo económico.
Oaxaca es uno de los estados más fraccionados del país, con un total de 570 municipios, lo que lo convierte en el estado con mayor número de municipios en México. Esta fragmentación administrativa ha sido impulsada por la intención de acercar el gobierno a las comunidades. Sin embargo, la realidad muestra que este enfoque no siempre ha generado los beneficios esperados.
La experiencia de Oaxaca muestra que la fragmentación sin un respaldo adecuado en recursos y coordinación no ha sido efectiva para mejorar las condiciones de vida de la población, y ha contribuido a la persistencia de la pobreza y el subdesarrollo en muchas regiones del estado.
La solución a este conflicto en ciernes para la alcaldesa, debe partir de una visión integral que incluya inversión en infraestructura, programas sociales y un rediseño del modelo de gobernanza en Guerrero, donde Acapulco pueda prosperar sin necesidad de separarse.
En lugar de la separación, Acapulco debe buscar formas de optimizar la gestión de sus recursos y fortalecer los lazos entre sus comunidades. La clave para el desarrollo de la Zona Diamante y el resto del municipio radica en la colaboración y la unidad.