Roberto Santos // La aprobación del proyecto de reforma en materia de vivienda para los trabajadores y adición a la Constitución federal, representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y en la construcción de un Guerrero más justo.
Encabezada por el diputado acapulqueño Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla, esta propuesta fue presentada en la legislatura local, con el propósito de que el acceso a una vivienda adecuada no sea solo un privilegio, sino un derecho garantizado en la Constitución para todos aquellos que dedican su esfuerzo diario al desarrollo de nuestro país.
La reforma no solo reconoce la importancia de una vivienda como refugio físico, sino que entiende el concepto en un sentido más amplio: un hogar que permita a las familias elevar su nivel de vida y que esté adaptado a las necesidades de cada trabajador.
Esta visión del diputado “Jacko”pretende transformar el acceso a la vivienda en un compromiso social y obliga a las autoridades a implementar políticas inclusivas, sin discriminación, donde cada trabajador y su familia puedan acceder a un hogar seguro, digno y decoroso.
Este cambio constitucional es una respuesta necesaria a una realidad que viven millones de mexicanos.
Sabemos que la falta de vivienda adecuada no solo afecta a los individuos, sino que tiene un impacto directo en la estabilidad de las familias, en el desarrollo de los niños y en la calidad de vida general.
Asegurar que los trabajadores tengan acceso a una vivienda digna significa apostar por un México donde el bienestar social y la justicia no sean solo discursos, sino hechos.
La iniciativa también reconoce que una vivienda digna es esencial para fortalecer la cohesión social y la seguridad.
Una sociedad con acceso a un hogar digno es una sociedad menos propensa a la violencia y al desarraigo.
Además, el impacto positivo se extiende a la economía, pues un sector habitacional robusto crea empleo y mueve recursos.
La unanimidad con la que el Congreso de Guerrero aprobó esta propuesta refleja la voluntad de construir un marco de justicia social en el que los derechos de los trabajadores se protejan.
Este tipo de reformas envía un mensaje claro: en México y Guerrero, los derechos sociales deben ser una prioridad.
La aprobación de este proyecto de reforma es un primer paso importante, pero no el último, que impactará en el bienestar del pueblo trabajador.
En su momento, corresponderá a los gobiernos y a las instituciones hacer que este derecho sea una realidad.
Y con ello, avanzar hacia donde la vivienda ya no sea una preocupación ni un lujo para los trabajadores, sino un derecho humano que les permita vivir con dignidad.