Roberto Santos // La desaparición forzada de personas es una de las tragedias más profundas que enfrenta nuestro país, una violencia que se infiltra de manera silenciosa y que, en la mayoría de los casos, permanece invisible ante los ojos de la sociedad.
Cada día, familias mexicanas se sumergen en un sufrimiento interminable, en la espera de respuestas que nunca llegan, mientras las estadísticas oficiales, frías y distantes, reflejan la magnitud de este drama humano.
Es difícil encontrar palabras que describan el dolor de una madre o un padre que no sabe dónde está su hijo, o de una esposa que no recibe más que silencio al buscar a su esposo.
Las cifras oficiales no logran capturar lo que verdaderamente ocurre detrás de esos números: el corazón roto de una familia que espera noticias, la angustia diaria de no saber si alguna vez podrán recuperar a sus seres queridos.
Cada día sin respuestas es un día más de sufrimiento, es un recordatorio constante de que la desaparición forzada es una violación a los derechos humanos que no puede seguir siendo ignorada.
El reciente anuncio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre un operativo para la búsqueda de 16 personas desaparecidas en el municipio de Chilapa, Guerrero, subraya la grave situación que enfrenta el país.
De acuerdo a lo informado, este operativo es derivado de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, una instancia que hoy colocó la desaparición de personas como una prioridad en la agenda de seguridad estatal.
Y es que, entre los desaparecidos, se encuentran menores de edad, lo que parece ser el motivo de esa reacción por parte de las autoridades estatales y federales.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero debe aprovechar la tecnología y la infraestructura que la Sedena pone a disposición para llevar a cabo una búsqueda integral, que no solo se enfoque en los casos más recientes, sino que también considere a las desapariciones ocurridas en las últimas semanas en la región, particularmente en la capital del estado.
El caso de las personas desaparecidas, como tantas otras en México, nos recuerda que la desaparición forzada no es solo un dolor privado, es un problema que afecta al tejido social entero.
Es un fenómeno que tiene que ver con la impunidad, con la desconfianza en las instituciones y con la creciente penetración de la violencia en el ámbito civil.
Por lo que, si realmente se pretende avanzar hacia un país más justo y seguro, es necesario que el gobierno, las fuerzas armadas, las autoridades locales y, sobre todo, la sociedad en su conjunto, trabajen coordinadamente para erradicar la violencia que a todos afecta.
La desaparición forzada de personas es una herida abierta en el corazón de la nación.
Solo con un compromiso real de todas las partes involucradas será posible empezar a sanar y, lo más importante, a dar respuestas a quienes más lo necesitan: las familias que viven la angustia de no saber qué pasó con sus seres queridos.