Roberto Santos // No solo en Chilpancingo la violencia ha mantenido las alarmas encendidas con el asesinato del presidente municipal, Alejandro Arcos Catalán.
La región Norte del estado sufre una acometida por parte del CO creando una desbandada de funcionarios municipales recién estrenados.
En Teloloapan, la síndica procuradora ha decidido pedir licencia para separarse del cargo, en un claro reflejo de la descomposición del entorno político y social en la región.
La situación es alarmante no solo por la renuncia de la síndica, sino también por la declinación de su suplente para asumir el cargo.
Pero el fenómeno no se limita solo a Teloloapan.
En Atenango del Río, la regidora Karen Marbán García también ha optado por alejarse de su cargo, mientras que el regidor Manuel Bustamante Blas ha aducido “problemas de salud” para justificar su salida.
Este éxodo plantea interrogantes sobre la seguridad y la estabilidad de las autoridades en una región marcada por la criminalidad y la impunidad.
Es especialmente preocupante que estas solicitudes de licencia se produzcan apenas días después de que los nuevos funcionarios asumieran sus cargos, y plantea la hipótesis de que detrás de esto, hay fuertes presiones de naturaleza violenta.
Este corto período de tiempo resalta la fragilidad de las instituciones locales y la creciente incapacidad de los servidores públicos para enfrentar la violencia que azota a sus comunidades.
Un episodio particularmente revelador es el caso de la ex síndica de Teloloapan vinculada a proceso por extorsión agravada, de acuerdo con medios estatales.
Un escándalo que ensombrece el ejercicio de la función pública en ese municipio, y también alimenta la desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes, quienes se ven atrapados en un entorno hostil.
Pero esto no para ahí, y como ejemplo del arraigo del CO en las comunidades, los familiares de algunos jóvenes detenidos por la Marina, acusan de abuso de autoridad.
Pero la parte oficial, señala que personal de la Décima Sexta Zona Naval, llevó a cabo la “detención de ocho presuntos transgresores de la ley, el aseguramiento de un arma larga, cargadores, cartuchos de diferentes calibres y pertrechos en el municipio de Petatlán, Guerrero.”
“Lo anterior, derivado de los recorridos terrestres que realiza esta Institución en el marco de la estrategia de seguridad de los primeros 100 días del gobierno” de Claudia Sheimbaum.
Volviendo al tema de las renuncias de los funcionarios municipales, es un síntoma de un problema mayor y la necesidad urgente de la intervención del gobierno estatal y el federal en este tema, con el nuevo esquema de seguridad planteado hace algunos días por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Porque a medida que el miedo y la inseguridad prevalezcan, es esencial que tanto el gobierno estatal como el federal intervengan para restaurar la confianza en las instituciones y que la población recupere la seguridad como para salir a la calle.
La situación actual en algunas regiones de Guerrero, exige un análisis profundo y medidas urgentes.
La desbandada de funcionarios debe ser una llamada de atención sobre la realidad que enfrentan muchos servidores públicos en el país.
Si no se aborda de manera efectiva, el ciclo de violencia e impunidad seguirá perpetuándose, llevando a una crisis de inseguridad aún más profunda.