Roberto Santos // En México, la narco cultura se ha arraigado profundamente en varios aspectos de la sociedad, desde la música hasta el cine, y ha normalizado valores que celebran la violencia, el poder y la impunidad.
Aunque se podría pensar que este fenómeno se limita a ciertos sectores de la población, es preocupante ver cómo incluso algunos funcionarios públicos, en lugar de combatir esta influencia, la reproducen activamente.
Este proceso de reproducción no se da únicamente en las palabras, sino también en las acciones.
Algunos políticos y servidores públicos adoptan poses, símbolos o incluso discursos asociados a los narcotraficantes, en un intento por proyectar una imagen de poder.
Por eso no sorprende que un funcionario de Acapulco, haciendo eco a esta cultura porte en su cuello el dije de una ametralladora AK-47, símbolo del poder de fuego del narco.
El problema es que, en vez de ser parte de quienes tratan de erradicar este sistema de valores destructivo, terminan legitimándolo y reproduciendo.
Esto envía un mensaje contradictorio: en lugar de que el Estado se presente como una institución comprometida con la justicia y el orden, termina siendo cómplice, directa o indirectamente, de la normalización de la violencia y la ilegalidad.
Los narcocorridos, las imágenes de lujo desmedido y los gestos simbólicos que exaltan la figura del capo poderoso son manifestaciones de una narrativa que algunos funcionarios replican al posar con relojes ostentosos, ropa de cierta marca, marcas de vinos, guaruras tipo sicarios, y al utilizar un lenguaje que evoca la rudeza y la impunidad de los criminales que deberían estar combatiendo.
En vez de reforzar el respeto a la ley y los valores democráticos, estos funcionarios permiten que la narco cultura contamine el discurso público, degradando la función del servicio público y confundiendo a la ciudadanía sobre qué es aceptable y qué no lo es.
La violencia se ve como una herramienta de poder, y una AK47 evoca violencia.
La solución no es sencilla, pero debe partir de un cambio profundo en la actitud de quienes ostentan cargos públicos.
Se requiere una narrativa que rechace por completo estos símbolos y que refuerce los valores de la legalidad, el respeto y la ética.
Los funcionarios tienen la obligación moral de liderar con el ejemplo, demostrando que el poder no se mide por la violencia o el dinero, sino por la capacidad de construir una sociedad más justa y segura.
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