Por Francisco Javier Flores V. // El asesinato del presidente municipal de Chilpancingo ocurrido la tarde de este domingo 6 de octubre obliga a un golpe de timón en Guerrero, en materia de procuración y administración de justicia.
Hasta ahora, quienes generan violencia en la entidad y han venido ejerciendo un poder fáctico producto de actividades delictivas, no se habían atrevido a tanto.
De por sí el ambiente en torno al recién estrenado gobierno que encabezaba Alejandro Arcos Catalán se encontraba sumamente enrarecido y no era para menos.
Le habían matado, precisamente, a quien iba a ser su secretario de Seguridad Pública y a su asistente personal apenas unos días antes de tomar posesión.
Y en la primera semana después de rendir protesta fue asesinado su secretario General del Ayuntamiento, administrativamente el hombre más importante antes del alcalde.
Semana que concluyó, lamentablemente, con la muerte del propio Alejandro Arcos, un hombre que lo que menos merecía era terminar sus días de esa manera.
Llama la atención que en un escenario tan complicado, el alcalde no haya reforzado su seguridad personal, sobre todo ante su postura hecha pública de no pactar con la delincuencia, porque no lo consideraba institucionalmente correcto.
Lo que planteaba el político que pertenecía al grupo del ex gobernador Angel Aguirre Rivero, de quien fue muy cercano, era combatir a los grupos criminales con inteligencia, más policías y equipamiento, estrechando la coordinación con los gobiernos federal y estatal pero asumiendo también la parte que le correspondía.
Es decir, que lejos de optar por la salida fácil del “a mi no me toca” o que al municipio solamente le corresponde la prevención, estaba decidido a agarrar al toro por los cuernos.
En su misma toma de protesta, incluso, dijo ante el micrófono que estaba dispuesto a dar la vida por Chilpancingo.
Por desgracia, esto vino a ocurrir muy prematuramente.
Indiscutiblemente, lo que la gran mayoría de guerrerenses desea es que prevalezca la gobernabilidad, que quienes hacen o creen hacer política en la entidad no utilicen el escarnio y aprovechen este tipo de hechos de violencia para sus tan acostumbradas como absurdas exigencias de renuncia de los gobernantes, tratando de llevar agua a su molino.
Hay instancias que investigan, persiguen y castigan los delitos y hoy lo que la sociedad espera es que esas instancias vayan más allá del escueto boletín de prensa, del acostumbrado resguardo de la escena del crimen con cinta amarilla y la larga espera al Servicio Médico Forense para recoger el cadáver.
La Fiscalía General del Estado y el juez o jueza que conozca del caso tienen la palabra para que la impunidad deje ya de enseñorearse en nuestro estado.