Celestino Cesáreo Guzmán // Que era necesaria una profunda reforma judicial, ni duda cabe. Pero la reforma que el Senado aprobó por 86 votos contra 41 no es para modernizarlo ni para extirpar la corrupción o el nepotismo; no es para hacerlo libre e independiente. Esta reforma, sin duda, es radical, pero es para controlarlo, someterlo y cooptarlo.
La aprobación de la reforma en el Senado, resuelta con gran estridencia y con malas prácticas propias de los regímenes autoritarios de los 60’s y 70’s en México, consolida una serie de regresiones que vive el país a la sombra de la 4T. Ahora tocó el turno al Poder Judicial.
Por la forma apresurada en que se aprobó, se cerró la puerta a un debate público; lo que hubo en ese sentido fue simulación. Las maniobras políticas para aprobarla muestran un desprecio por la opinión de la ciudadanía y por los principios democráticos.
Mediante el voto ciudadano se elegirán más de 1,700 jueces federales, magistrados y ministros en el ya próximo 2025 y 2027. ¿Cómo será la preselección para los que llegarán a la urna? ¿Quién controla el INE? ¿Quién tiene el control del Trife? Ahí está la trampa.
En principio, es claro que esta reforma no aborda de manera adecuada los problemas reales del Poder Judicial.
La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y el estado de derecho. Con esta reforma se pone en riesgo esa independencia y podría consolidar un poder autoritario.
Quedan en duda los alcances del juicio de amparo; deja a discreción las sanciones en los nuevos tribunales de disciplina y crea la muy cuestionada figura de jueces sin rostro.
Esta reforma del Poder Judicial, el famoso plan C del Presidente, fue aprobada en un entorno de hostilidad del oficialismo contra la oposición y en el marco de la más amplia protesta de los trabajadores del PJF, estudiantes y expertos en derecho de todo el país.
En un país con profundas desigualdades, donde el acceso a la justicia ha estado reservado para algunos, es ahí donde debe haber una reforma. Pero queda sin tocar la corrupción y el nepotismo. Tampoco se toca a los ministerios públicos, que en muchos casos es el origen de los problemas del poder judicial.
Las principales preocupaciones en torno a esta reforma incluyen la centralización del poder, la posible afectación a la independencia judicial y las acusaciones de corrupción y manipulación política.
Aunque la reforma pretende atacar la corrupción, en realidad podría empeorar la situación al concentrar más poder en menos manos. Necesitamos reformas que realmente enfrenten el nepotismo y la corrupción de manera efectiva y transparente.
Las manifestaciones y enfrentamientos en la sesión de este martes agudizan un clima de tensión y desconfianza hacia el proceso legislativo y el verdadero fin de la reforma misma.
Es claro que habrá resistencias a la concentración del poder en una sola persona y en un solo grupo; la historia de nuestro país nos dice que esta lucha apenas comienza. Veremos.