Por la falta de visión y operación política interna del gobierno de Guerrero comprometen a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en un encuentro fuera de contexto con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Mientras la ejecutiva del estado atiende la agenda de gobierno en acciones útiles, hay quienes no le ayudan y la relacionan, sin cuidar las formas propias en el caso de Ayotzinapa, cuya situación es tema exclusivo del orden federal.
En opiniones encontradas por actores de carácter político coinciden que existen riesgos con los ofrecimientos en el encuentro reciente entre la gobernadora de Guerrero y los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
“Lo más correcto era que en calidad de encargada de la politica interna Anacleta López Vega y el subsecretario de asuntos políticos Francisco Rodríguez Cisneros intervinieran en dicha reunión y no involucrar a la gobernadora”
Lo anterior en respuesta sobre la falta de oficio y operación política interna, considerando presente a tales funcionarios para darle cierta dirección alcanzable, sin que el estado se comprometa con un tema que esta en manos de la federación.
Con el tema en referencia aseguran que tal encuentro fue orquestado por el abogado Vidulfo Rosales Sierra quien se ha aprovechado y lucrando como negocio con el dolor de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el año del 2014.
Aunque, la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado tiene una lectura considerable en la atención sensible y por otro lado tiene el riesgo de mala interpretación, cuando el estado no tiene injerencia sobre las investigaciones del caso.
Es decir, la mandataria estatal fue mal aconsejada en recibir y escuchar de manera particular a los familiares, más allá de la sensibilidad en ofrecer que las “puertas están abiertas al diálogo y hacer justicia”, cuando no es de su competencia.
Por eso, la observación constructiva al gobierno de Guerrero producto de la crisis de operación y liderazgo al interior de la secretaria General de Gobierno, lo que puede ocasionar una imagen comprometedora a la política de estado.
“No era necesario que el gobierno del estado se involucre en el caso Ayotzinapa, toda vez que desde el 2014 el gobierno federal atrajo las investigaciones, en virtud de que había indicios de que se cometieron delitos federales”, insistieron.
Referente a lo anterior y de manera conciente quienes omitieron sus nombres opinaron que “si no se cumple las expectativas que le plantearon los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Casa Guerrero será “caja de resonancia”.