Marcial Campuzano // Para frenar la violencia y la confrontación entre habitantes de la región de La Montaña por la disputa de tierras, la Secretaría General de Gobierno resuelve a través de la conciliación y otras vías los conflictos agrarios con una Mesa Agraria establecida en la cabecera municipal de Olinalá.
La encargada del Despacho de la Secretaría General de Gobierno Anacleta López Vega, aseguró que son varios los conflictos de tierras que una comisión del gobierno del estado ha resuelto por la vía de la conciliación, lo cual ha permitido generar paz y certidumbre entre las comunidades involucradas.
Admitió la funcionaria que son muchos los conflictos agrarios que hay en el territorio estatal, y que la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es atenderlos en lo inmediato en las zonas donde prevalecen, con la finalidad de que las partes involucradas vean la presencia y el interés del gobierno para resolver las diferencias.
Los integrantes de la Mesa Agraria conocen los problemas, conocen la situación que prevalece para determinar cuál de las partes tiene la razón, y en base a ello viene la negociación hasta llegar a la conciliación, explicó.
La encargada del Despacho de la Secretaría General de Gobierno aclaró que es imposible resolver de la noche a la mañana los conflictos agrarios que hay en Guerrero, y que lo importante es que hay voluntad del gobierno del estado para primero atenderlos y resolverlos.
Cabe señalar que conocedores del tema han señalado que en el estado hay más de 50 conflictos agrarios que requieren ser atendidos, para evitar que revienten en confrontaciones entre las partes.
En otro tema la responsable de la política interna del estado informó que el gobierno estatal, atiende un problema de tierras en la ciudad de Tlapa.
Se trata de un predio en el que se pretende construir un centro comercial, a lo que se oponen habitantes de la colonia San Diego que reclaman el terreno para áreas verdes.
López Vega aclaró que la disputa del terreno derivó en 2 procesos jurisdiccionales, uno de los cuales aún está en manos del Ministerio Público, y el otro en un juzgado federal al promover los poseedores del bien inmueble un amparo aún no resuelto.
Aclaró que corresponderá a las autoridades jurisdiccionales determinar cuál de las partes tiene la razón, situación en la que el gobierno del estado no puede intervenir.