Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública se requiere contar con hombres y mujeres de conducta íntegra, ya que son ellos los que marcan las directrices y operan las instituciones.
En el actual proceso electoral contienden muchos personajes que buscan la reelección o regresar a las presidencias municipales que hace algunos años y/o períodos les tocó encabezar.
Durante varios años los protagonistas de la guerra electoral en Guerrero fueron el PRI y el PRD, pero desde la elección de 2018 Morena y otros partidos irrumpieron en el escenario político y alteraron el mapa electoral.
Prácticamente, en todos los municipios de la entidad ha habido alternancia. Aunque también se han registrado muchos casos de transfuguismo electoral.
Lo más cuestionable no es que un personaje cambie de partido, sino que los dirigentes de un instituto político acepten en sus filas a gente señalada por actos deshonestos o que no hayan comprobado recursos durante el tiempo en que les tocó dirigir un Ayuntamiento.
Cada tres años nos enteramos en la prensa escrita y medios electrónicos que muchos presidentes municipales gobiernan alejados del pueblo que los llevó al poder. Y ese divorcio tarde o temprano les afecta políticamente.
Casi todos los gobernantes incumplen sus promesas de campaña y si se postulan para otro cargo de elección popular son reprobados en las urnas.
Los ciudadanos ya aprendieron a castigar también a los malos gobernantes y a los partidos en que militan.
De manera cínica, algunos ex alcaldes que abusaron de su poder buscan regresar a dirigir los destinos de su municipio, como es el caso de Agustín Ricardo Morales, un personaje de triste memoria que gobernó San Luis Acatlán en el trienio 2018-2021.
Ahora no va como candidato del PRI, sino por Movimiento Ciudadano, instituto político que no revisó muy bien sus antecedentes como servidor público o simplemente le valió un soberano comino registrarlo en esta elección.
En varias ocasiones fue retenido por pobladores de algunas comunidades quienes lo acusaron de manejar con opacidad el presupuesto de San Luis Acatlán y por incumplir compromisos de campaña.
También fue cuestionado por reprimir a comerciantes y transportistas en la localidad de Pueblo Hidalgo.
El 6 de septiembre de 2019, pobladores de la comunidad de Yoloxóchitl denunciaron que la presidenta del DIF Municipal, Rosalía Benito Vargas –su esposa– estaba haciendo negocio con las despensas que les hacían llegar a través del Programa Estatal Alimentario para niños menores de cinco años de edad.
Las mujeres de Yoloxochitl pidieron al gobierno del estado que les entregaran la ayuda social de manera directa y sin condiciones, además de señalar que la presidenta del DIF Municipal las regañaba por no aceptar el costo de las despensas.
“La presidenta del DIF nos llamó la atención por acusar las anomalías que pasan y nos amenazó qué si seguimos en este plan, nos van a dar de baja del programa de ayuda estatal, por eso pedimos a doña Merce (Mercedes Calvo Elizundia, presidenta estatal del organismo para el Desarrollo de la Infancia y la Familia) que nos apoye porque no se vale tal abuso”, comentó una de las mujeres inconformes. (Agencia de Noticias IRZA, 06-09-2019).
Pero eso no es todo. Agustín Ricardo Morales y los miembros de su Cabildo abusaron de su autoridad al asignarse sueldos estratosféricos. Sí, se despacharon con la cuchara grande.
El personaje de marras es muy cercano al ex gobernador Héctor Astudillo Flores. Tan es así que renunció también a las filas del PRI y se puso los tenis fosfo fosfo.
Agustín Ricardo añora el poder. Lo malo es que fue un pésimo gobernante y administrador. Y la gente de la cabecera municipal y las comunidades no olvidan la forma en que se comportó en el trienio 2018-2021.
Además, tiene cuentas pendientes en la Auditoría Superior del Estado (ASE).
De acuerdo a una fuente de dicho órgano fiscalizador que depende del Congreso del estado, Agustín Ricardo tiene observaciones de los ejercicios fiscales 2018, 2020 y 2021 que ascienden a 300 millones de pesos.
Tan solo en 2018 no ha comprobado en qué se gastó 125 millones de pesos. En 2020 no ha podido comprobar 60 millones de pesos. Y en 2021, 120 millones.
La ASE, según la fuente consultada, está formando los dictámenes para darle vista a la Fiscalía Anticorrupción y a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE en el Congreso del estado que preside el diputado Jacinto González Varona, quien a la vez es dirigente estatal de Morena.
San Luis Acatlán no merece ser gobernado nuevamente por personajes que se caracterizan por manejar con opacidad los recursos públicos y que los marea el poder. Pero, sobre todo, que tengan cuentas pendientes en la ASE.
Es más, todo aquél que no compruebe recursos públicos no debería ser registrado como candidato a un cargo de elección popular.
Lamentablemente, Movimiento Ciudadano lo registró como su candidato en San Luis Acatlán.
A leguas se nota que Julián López Galeana le importa poco tener candidatos impresentables en algunos municipios de la entidad. Pero se entiende. Julián López no se manda solo.
El que manda realmente en MC-Guerrero es el señor de la barba cana.
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