Chilpancingo, Gro., 08 de febrero de 2024.- La diputada Patricia Doroteo Calderón presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado para mejorar el sistema de seguridad social y asegurar un enfoque garantista de los derechos humanos de los servidores públicos, así como avalar el pago de pensiones actuales y futuras, a través de un financiamiento respaldado por aportaciones de las entidades públicas y afiliados.
La legisladora también propone que las cuotas sean propiedad de los derechohabientes, protegiéndolas de embargos o incautaciones, sin exigir garantías para préstamos ni cargos adicionales de intereses moratorios o penalizaciones.
En su exposición de motivos, Doroteo Calderón señaló que es necesario modificar sustancialmente el esquema pensionario existente de los trabajadores al servicio del Estado, ya que este ha quedado rebasado y actualmente resulta inviable, debido al incremento en la esperanza de vida, el decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores, mal diseño del sueldo regulador e insuficiencia de aportaciones, factores que representan un cambio descomunal en las circunstancias que existían al momento de planear el sistema vigente.
Asimismo, manifestó que es necesario cumplir con la obligación del Estado de reconocer y garantizar efectivamente la seguridad social a las y los guerrerenses, ya que es imposible mantener un sistema desfasado y obsoleto que no proteja los derechos humanos de las y los servidores públicos.
En ese sentido, indicó que lo que se propone es precisar y ampliar el alcance de la Ley Número 912 para garantizar efectivamente los derechos y acceso a la seguridad social de los derechohabientes; que las cuotas y aportaciones sean propiedad de los mismos, y por tanto no pueden ser embargadas o incautadas, salvo en los casos que la autoridad lo determine.
De la misma forma, no podrá exigirse a los derechohabientes garantías para otorgarles préstamos, ni cargarles intereses moratorios o penalizaciones adicionales, y se establecerá con total claridad que las aportaciones realizadas por las dependencias y entidades son una obligación a su cargo, y por tanto, es una obligación fundamental del instituto implementar las acciones conducentes que la ley le faculte, para garantizar que las aportaciones de los servidores públicos sean cubiertas en tiempo y forma.
Esta propuesta que deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su análisis y dictaminación.