Celestino Cesáreo Guzmán // La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 tuvo un impacto muy significativo en el sistema político y social del país y de Guerrero.
Baste recordar que en el proceso electoral por la gubernatura en 2015, fue utilizado como punta de lanza de dos partidos políticos para inflingirle daño al Partido de la Revolución Democrática que gobernaba la entidad.
Guerrero se convulsionó y los movimientos sociales agraviados durante décadas por masacres y represión, colocaron a nuestro estado en situación de ingobernabilidad, se llegó incluso a considerar en el Senado de la República la Desaparición de Poderes.
Al paso de los años, se desveló la trama en la que habrían participado diferentes corporaciones, y que dieron renovado aliento a la acusación que se hizo desde un inicio: fue el Estado.
Incluso la actuación del Poder Judicial, para liberar a implicados en la desaparición forzada, por haber sido torturados, añadió una alta dosis de impunidad.
No se puede olvidar que la desaparición de los estudiantes provocó una oleada de indignación en México y en todo el mundo. Miles de personas se unieron a protestas y marchas exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos.
El presidente Enrique Peña Nieto, fue ampliamente criticado por el manejo inicial de la investigación y por su falta de transparencia en el caso. Muchos sectores de la sociedad mexicana acusaron al gobierno de encubrir la verdad y de no tomar medidas adecuadas para abordar la desaparición de los estudiantes. De hecho en un principio desdeñó intervenir.
Hoy día, la desaparición de los estudiantes profundizó la desconfianza en las instituciones gubernamentales y en el sistema de justicia. La percepción de impunidad y corrupción se intensificó, lo que afectó negativamente la confianza de la población en sus líderes políticos y en las fuerzas de seguridad.
El caso Ayotzinapa ha dado como resultado en la actualidad, que el tema de los derechos humanos y la seguridad sean el eje central de la agenda política en México.
Y tendría que llevar al gobierno a abordar problemas como la violencia, la corrupción policial y la impunidad.
Es importante señalar que, aunque se han realizado investigaciones y detenciones en relación con el caso Ayotzinapa, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre lo que ocurrió con los 43 estudiantes.
Tampoco han sido llamados a declarar muchos actores políticos relevantes ni funcionarios que intervinieron en las investigaciones.
El caso sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrenta México en cuanto a derechos humanos, seguridad y rendición de cuentas en su sistema político y judicial.
La herida sigue abierta.