Marcial Campuzano // Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se declararon rebeldía y en desobediencia civil, con la promoción de un amparo colectivo para no presentar la declaración patrimonial cuyo plazo vencerá el 21 de este mes, al considerar que al cumplir con esa disposición oficial, en automático dejarán de ser trabajadores del estado para convertirse en servidores públicos, con lo que estarán en riesgo la asociación sindical y los derechos laborales.
La CETEG Sectorial de la zona Centro del estado, hizo un llamado al magisterio en general y a los trabajadores de apoyo a la educación para que no presenten la declaración patrimonial, al considerar que es un procedimiento de rendición de cuentas que sólo compete cumplir a quienes manejan dinero público, lo cual no ocurre con los profesores ni muchos menos con el personal administrativo y de intendencia.
En conferencia de prensa que ofrecieron en la sede de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, los cetegistas señalaron que el 21 de junio es la fecha límite que tienen los 75,000 trabajadores de la educación para que presenten la declaración patrimonial, “con la advertencia de que quienes no cumplan con esa disposición serán sancionados hasta con la pérdida del empleo.
Acusaron a la Secretaría de Educación de aplicar un terrorismo de estado a través de la Contraloría, en contra de los trabajadores de la educación “con intimidaciones y hostigamiento laboral”, al exigirles a los trabajadores que presenten la declaración patrimonial.
Si bien algunos han dicho que es voluntaria la presentación de la declaración patrimonial, los cetegistas alertaron que ésta no puede ser una decisión voluntaria, por lo que conminaron a todos los trabajadores de la Educación a que no esperen a que se ejecute la amenaza que ejerce el estado con la aplicación de sanciones, y que promuevan juntos un amparo colectivo con la ayuda y asesoría del ex diputado federal morenista Rubén Cayetano García.
En una explicación técnica y jurídica, se dijo que si los trabajadores de la educación aceptan presentar la declaración patrimonial, en automático cambiarán su estatus laboral que depende del artículo 123 apartado B que los reconoce como asalariados, como trabajadores de base contratados bajo el reglamento de las condiciones generales de la Secretaría de Educación Pública, y en automático aceptarán pertenecer al artículo 108 Constitucional que les da la categoría de servidores públicos.
Los servidores públicos son los funcionarios que manejan fondos económicos y presupuestos, y los trabajadores en general de educación no manejan presupuestos públicos por lo que no pueden ni deben presentar la declaración patrimonial, “por lo que les pedimos la desobediencia civil”.
Señalaron que los trabajadores que presenten la declaración patrimonial, en automático renunciarán al artículo 123 apartado B y se regirán por el artículo 108 constitucional, con lo que estará en riesgo la asociación sindical y los derechos laborales.
Dieron a conocer que hasta ahora son alrededor de 400 los maestros que se han sumado a la promoción de un amparo colectivo para no ser obligados a presentar la declaración patrimonial.