“Se aclara y explica que las personas solicitantes del proceso de revocación de mandato tienen la facultad de elegir libremente el método de recolección de apoyos ciudadanos que deseen, por lo cual se recabarán y entregarán de manera valida los formatos físicos de recolección de apoyo ciudadano, en todos los municipios y demarcaciones territoriales de la República”, dice el dictamen del decreto que impulsa Morena y analizan hoy lunes las comisiones unidas.
En el régimen transitorio se establece que “el Instituto Nacional Electoral deberá realizar la verificación de todas las firmas presentadas de manera física, sin importar el municipio o demarcación territorial de origen”.
Los lineamientos del INE establecen que la recopilación de firmas para solicitar la revocación de mandato se realizará vía electrónica, salvo en 204 municipios que son considerados oficialmente con el mayor nivel de marginación y que se conocerá como “formato de régimen de excepción”.
De acuerdo con el debate que se realizó en el Consejo General del INE cuando se aprobó esta disposición, el uso preponderante del formato electrónico busca reducir considerablemente el número de firmas falsas. Sin embargo, para Morena es fundamental contar con la opción mayoritaria de firmas en papel, porque argumenta que no toda la población tiene smartphone, a pesar de que existe información de al menos 86 millones de mexicanos que los usan.
Morena impugnó los lineamientos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ahora usará el poder que tiene en la estructura institucional del Senado para obligar al INE a que le autorice las firmas en papel en cualquier parte del país.
Es muy poco frecuente que el Senado utilice su facultad constitucional de Interpretación Auténtica; en 2011 lo intentó el Partido Verde para un caso de aplicación de impuestos, pero no obtuvo el respaldo de la mayoría del pleno.
La Constitución establece que el Decreto de Interpretación Auténtica tendrá el mismo procedimiento legislativo que las leyes y reformas legales; es decir, requieren del voto de la mayoría absoluta de 50% más uno, lo que implica que Morena y sus aliados en el pleno del Senado lo podrán concretar; además, deberá ser avalado por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con criterios de algunos constitucionalistas, este Decreto también puede ser sujeto de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales.